DIA DEL ABOGADO: UNA MIRADA DESDE LA FUNCION PUBLICA
Es una práctica común saludar
a los y las profesionales del derecho en su día: 29 de agosto. Es menos común
conocer los motivos por los cuales se definió esa fecha para saludar y agradecer a los abogados y
abogadas: el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de nuestra
constitución. Y menos sabido, aun, el año en el cual la Federación Argentina De
Colegio De Abogados (FACA) definió la fecha y motivo del homenaje: 1958.
Como una consecuencia lógica
o por el simple hecho de sacar una conclusión, uno encuentra algunos datos
importantes en la persona y fechas mencionadas. Primero, el relativo a la
persona objeto del homenaje; Juan Bautista Alberdi, miembro de la generación
del 37, opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas; autor de Las bases(…) que
dieron nacimiento a nuestra constitución nacional en 1853 ―un año después de la
caída del gobierno de Rosas―; y por otra parte, el año de instauración del día
del abogado por FACA, en 1958, tres años después del golpe de estado al
gobierno democrático de Perón, con el partido justicialista proscripto y el
nombre de sus líderes prohibidos por decreto.
No es este un artículo para
reivindicar a Rosas y Perón, sino para
proponer una lectura sobre las formas y miradas a través de las cuales se
percibe el ejercicio del derecho, y la abogacía en particular; a las cuales han
contribuido los hechos mencionados.
Desde la concreción del
estado moderno, con sus constituciones monoculturales, de estirpe liberal; el
derecho y la norma han actuado como los grandes instrumentos ordenadores de la
relaciones de las personas entre sí, con el estado y con el capital (con la
cosa); en una sociedad que, por espíritu constitucional, se pretende liberal,
como la profesión que se reivindica en el texto. La acentuación de ese carácter
(liberal) ha forjado con el paso del tiempo una idea del derecho como algo
ejercido, siempre y en todos los casos, por abogados y abogadas en el marco de
una relación privada con su cliente, para la defensa y resguardo de su interés
ante el juez o tribunal. Por otra parte,
la dimensión pública del derecho y sus prácticas, no ha participado de igual
manera en la configuración del imaginario de esta profesión. Las razones de
ello son múltiples, pero una aproximación podríamos encontrar en una declaración
del candidato del partido libertario, Javier Milei, quien en un debate reciente
afirmó: “…la constitución existe solo para la defensa del derecho de
propiedad”. Lo diga este personaje, o lo pregone la declaración de derechos del
hombre, producto de la revolución francesa, resulta igual; el derecho moderno,
eurocéntrico y capitalista, importado por las elites criollas (Alberdi) comenzó
con éxito la ardua tarea de fraguar la idea del derecho y la norma que tenemos
―pero que año a año se trabaja por cambiar y mejorar―: un sistema legal
centrado en el individuo y en su derecho a la propiedad; en detrimento de lo
popular, desposeído o comunitario. Por fortuna para las generaciones
posteriores, las acciones históricas de resistencia de las comunidades y de grupos sociales específicos (sindicatos y
fundaciones), acogidas y acompañadas por gobiernos de corte popular, han contribuido a moldear y humanizar el
sistema legal, a través del derecho del trabajo y la seguridad social, reformas
constitucionales (1949), leyes y
estatutos, muchas de ellas derogadas por la acción incesante de la dirigencia
conservadora.
Son estas últimas
consideraciones las que nos acercan otra manera (complementaria) de percibir la profesión y en particular,
otra dimensión: la pública. Desde la década del 40 del siglo XX, con avances y
retrocesos, el reconocimiento y puesta en práctica de aquellos derechos de
carácter colectivo (popular), ha exigido
una ingeniaría jurídica estatal, acompañada de fuertes movilizaciones
políticas. Más cercano en el tiempo, la nueva concepción de la políticas públicas, a través de su
diseño, planificación y ejecución con perspectivas claras de derechos humanos,
ha permitido a ese conjunto de derechos dar pasos certeros hacia su
cumplimiento irrestricto (queda mucho trabajo por delante). En ello han
cumplido un rol determinante abogados y abogadas que participan de la gestión
pública, desde roles técnicos o
administrativos, hasta las tareas de investigación. Profesionales del derecho becarios e investigadores
del conicet u otros centros de estudio, o
el flamante Instituto de Investigación e Innovación Legal de
la Provincia( Sgo del estero), representan una gran contribución para
revalorizar el derecho desde la dimensión pública, y sus roles o funciones en
la administración del estado.
Desde el mejoramiento de los
sistemas de defensa, asesoramiento y acompañamiento a colectivos de personas,
hasta la elaboración de sumarios y
dictámenes que hacen a la gestión diaria, la cual se traduce en mayores
y mejores accesos de la comunidad a la justicia― en su dimensión social―, los
abogados y abogadas de la administración pública desempeñan diariamente una
tarea que debe ser reivindicada.
Hace unas semanas, en
oportunidad de celebrarse las elecciones en el colegio de abogados, uno de los
candidatos manifestó: “aquí no deberían votar los abogados del estado, esto es
para los que andan pasillando”. Más allá de que una actividad no impide la otra
(de hecho una parte importante de los colegas sostienen ambas con gran
responsabilidad) el mensaje es repudiable y se inscribe en esa mirada histórica
que he pretendido reflejar: la abogacía y la institución que los nuclea como
reducto de un grupo de profesionales que defiende intereses individuales,
alejados de lo público. Una lectura
seria del estatuto de la institución destruye cualquier pretensión de
diferenciar y discriminar por su lugar de trabajo a los profesionales, y mucho
menos impedir su voto. Por la acción
contundente de los abogados, muchos de
ellos y ellas con responsabilidades en la función pública, ese candidato
perdió.
En vísperas del 29 de agosto
aprovecho para saludar a los colegas,
especialmente a aquellos y aquellas que enaltecen el derecho desde la
función pública.