Apenas pasada la medianoche del pasado Jueves 27 de Agosto, en otra de lo que serán las históricas sesiones virtuales del Congreso, el Senado de la Nación dio media sanción al Proyecto Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, o lo que la Mass Media dio en llamar “Proyecto de Reforma de la Justicia”.

Los números cerraron ampliamente: 40 afirmativos a 26 negativos. En un principio se especuló con un margen más estrecho aunque luego del despacho de comisión, comenzaron a ordenarse los números por provincia dándole un resultado cómodo al proyecto oficial.

El proyecto presentado en Julio en un anuncio oficial por el Presidente de la Nación produjo el primer sismo en la arena política y mediática. Aunque bien podríamos soslayar otros momentos de tensión como el anuncio de la intervención estatal a Vicentín, lo cierto es que con este proyecto ha sucedido el primer movimiento en bloque de poder que reconocen los sectores reaccionarios desde su derrota en Octubre del año pasado. Una batería de críticas cayeron sobre el anuncio de reforma que atravesaron todos los ángulos: los más maquillados fueron el de oportunidad y el presupuestario. Sin embargo cuando se tornaron insuficientes comenzaron a llover las detracciones más retrógradas como que este proyecto iba a garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas con procesos judiciales abiertos o que era un claro intento de intromisión del Poder Ejecutivo para con el Judicial.

Es dable recordar que este proyecto produjo algo inusitado e histórico en materia jurisprudencial: dos cámaras federales de distintos fueron (sin requerimiento alguno) se pronunciaron judicialmente en contra del proyecto de ley. En primer lugar había sido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y luego se sumó, días después, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Esgrimieron criterios de prejuzgamiento muy peligrosos. Para una comprensión más cabal del asunto: nuestro sistema difuso de interpretación constitucional expresa que cualquier juez de la República Argentina puede declarar, total o parcialmente, inconstitucional una ley sancionada y promulgada por el Congreso de la Nación, siempre y cuando el asunto de análisis de constitucionalidad llegue a sus estrados por la vía correspondiente. Este fue el primer caso que se recuerde donde sin encontrarse sancionada (es decir, siendo un proyecto de ley y no una ley promulgada), jueces de distintos fueron –por absoluta iniciativa de ellos- se pronunciaron al respecto de la constitucionalidad del mismo proyecto. Esto, además de una sinrazón jurídica, constituye un momento bisagra en la historia judicial argentina: por primera vez jueces sin ser consultados opinaban sobre un proyecto de ley, lo que constituye una grave falta al ejercicio de los magistrados que se conoce como “prejuzgamiento”, esto es emitir una opinión previa al dictado de su sentencia o del conocimiento de la causa. Esta grave falta suele constituir en una causal contemplada para el enjuiciamiento de magistrados a través del órgano de control que es el Consejo de la Magistratura.

DE QUÉ TRATA CUANDO TRATA

“La verdadera reforma no es la que debatiremos este Jueves”, afirmó la Ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner al ser consultada por el proyecto de ley a sancionar. Con estas exactas expresiones, y sin bajarle la tarifa al proyecto, dejó en claro que lo que se estaba por discutir legislativamente tenía un contenido de forma y no de fondo.

Es que ciertamente lo que se propone a discutir el Congreso de la Nación es una magnífica transformación de la Arquitectura Judicial del fuero Federal que no encuentra, en el corto plazo, un antecedente similar. Pero es solo eso: una morigeración en la estructura orgánica de la justicia extraordinaria. Bien podríamos recordar el intento de reforma judicial que el Kirchnerismo llevó adelante en 2013 y que puso en tela de juicio las prerrogativas de élite que constituían el quehacer judicial en la órbita federal. Aquel intento fue rápidamente echado por suelo por una Corte Suprema de Justicia que ya había declarado una guerra sin cuarteles al Poder Ejecutivo con dicha reforma que ponía en crisis varios aspectos del funcionamiento y la ingeniería interna, fundamentalmente la forma de constituir el Consejo de la Magistratura y el manejo del presupuesto del Poder Judicial.

De los 85 artículos y Tres anexos que componen este proyecto, lo más trascendente es la metamorfosis orgánica que sufriría el esqueleto judicial federal de cara a la implementación del ya sancionado nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Algunas notas de consideración que valen la pena mencionar son las siguientes:

·         Unificación de los fueros Penales con los Penales Económicos

·         A fin de implementar el nuevo Código Procesal Penal, se crean decenas de cargos de magistrados entre Jueces de Cámara y Primera Instancia, Fiscales y Defensores

·         Establece estándares de selección de los nuevos magistrados donde se destaca la nueva consideración de puntaje: se le otorga enorme mérito concursal a los exámenes y se limita el puntaje de consideración hasta el 15% en las Entrevistas Orales, instancias donde se solían desequilibrar las balanzas de puntajes.

 El proyecto original tuvo modificaciones al salir de Senadores que fueron muy anticipadas: de las decenas y decenas de cargos que se creaban, se concentraban grandes esfuerzos en abrir nuevos Juzgados de Primera Instancia en lo Penal. Santiago del Estero, junto a otras provincias, en cabeza de la Senadora Claudia Ledesma Abdala, manifestaron que provincias como las nuestras requieren, por encima de Juzgados de 1ra Instancia, la creación de Cámaras de Apelación en lo Penal, ya que hasta la fecha la Jurisdicción Federal santiagueña no cuenta con una y al plantear Recursos de Apelación, los litigantes y justiciables debían acceder a la Cámara de Apelaciones de Tucumán, con el inmenso desgaste económico y judicial que conllevaba. Dichas inquietudes fueron recogidas en el debate de comisión y se sancionaron en el recinto otorgando razón a los planteos. Otra gran modificación estuvo centrada en la modalidad de sorteo de los juzgados: volverá el viejo sorteo presencial, filmado y munido de garantías azarosas.

LOS POROTOS EN DIPUTADOS

Tal como parece indicar, y en contraposición con el gran respaldo federal que tuvo en Senadores, la mano de oro se jugará en Diputados. Allí los números no cierran y el gobierno intenta construir alianzas con sectores afines que le garanticen la posibilidad de convertir en ley este proyecto. El bloque de Juntos por el Cambio, en otra de sus tormentosas decisiones irresponsables en Pandemia, adelantó que plantearán asistir presencialmente al recinto a pesar de las restricciones de aglomeración humana impuestas por el Covid19. En sintonía con las definiciones de Mauricio Macri, quién semanas atrás llamó a la movilización pública a la sociedad para evitar el debate del proyecto, haciendo abstracción total de la incontrolable situación sanitaria que vive el AMBA por la pandemia, el Bloque de JxC ha rechazado enfáticamente que el proyecto pase diputados y ha alentado a decenas de manifestaciones sociales para ese día en todo el país, tal como sucedió afuera de Senadores durante la votación.

El gobierno apostará a una alianza legislativa transversal con la promesa de implementar de la manera más transparente y democrática la selección de los postulantes a los cargos. A su vez, Sergio Massa adelantó que se someterá a las modificaciones que requiera el proyecto sin tapujos de ningún tipo.

Un capítulo paralelo se abrió en la última semana: se trata de la intrincada discusión formal que se lleva a cabo acerca de la modalidad de sesión. Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo donde declaró inoficioso un planteo realizado meses atrás solicitando la presencialidad de las sesiones, el bloque oficialista y aliados parlamentarios salieron al cruce de Juntos por el Cambio aduciendo una actitud legislativa chicanera, capciosa y dilatoria. Es que es claro que el parlamento se ha decidido, luego de idas y vueltas con el ejecutivo, tratar temas por demás sensibles, entre ellos el Impuesto a las Grandes Riquezas y la Reforma Orgánica de la Justicia Federal. La capitulación de la que hablamos se dio a partir de que el bloque de JxC argumentara que el Protocolo de Sesiones Remotas se encontraba vencido. Este Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto, que fuera sancionado el 13 de Mayo pasado, establecía la modalidad y pautas necesarias para llevar adelante sesiones legislativas a distancia y de manera virtual. Fundamentalmente requería acuerdo de los interbloques al momento de renovarse (cada 30 días). El pasado Martes 1 de Septiembre, dicho protocolo fue renovado por todos los bloques legislativos con excepción de Juntos por el Cambio que no quiso participar del acuerdo, en un claro intento de vaciamiento y desestabilización del Poder Legislativo. Con esta renovación, el Frente de Todos encuentra allanado su camino al menos por 30 días más para tratar las cuestiones de política-legislativa que le urgen. Cuestiones de forma, de estilo, de estética, de morfología que se comienzan a esgrimir desde la oposición, chicanas, dilaciones y trabas que se colocan para continuar en una actitud política de indiferencia al desastre heredado, a la alarmante situación pandémica y a la urgente necesidad de que el Estado pase a la acción política para revertir los valores de la calamitosa realidad que está sucediéndose.

Lo cierto es que nuestra país vive por estas horas las turbulencias propias de toda etapa de transformación. Mientras gestiona sanitariamente la pandemia, y se luce acordando con los acreedores de la deuda, también ejecuta la plataforma de campaña. Así lo enfatizó en Alberto Fernández en su discurso de Apertura de Sesiones legislativas el 1ro de Marzo pasado.

Estamos frente al principio de un proceso que puede desembocar en la democratización y descorporativización del Poder Judicial, el único poder que se ha visto relativamente inerte e impoluto ante los vaivenes históricos de nuestra democracia. Un poder judicial que se resiste la auditoría social y política, pero a la vez se adjudica los imperativos del orden y lo justo para coartar cualquier intento foráneo de modificación a su propia casa. La pelota está ahora en los representantes del pueblo (diputados) quienes deberán merituar si nuestro país está finalmente en condiciones de darse una mejor justicia. A ellos, Proveer de Conformidad.-